Fuentes de primer nivel de Venezuela y el inversionista argentino Molinari, manifestaron a LA REPUBLICA no sentirse perjudicados por la adjudicación a Cosmo, porque tiempo antes ya se habían desinteresado. El fiscal que pidió el procesamiento de Lorenzo y Calloia adujo que la adjudicación perjudicó a otros interesados.
Al imputar el delito de abuso innominado de funciones, el fiscal del crimen organizado Juan Gómez afirmó que al conceder el aval a Cosmo se produjo una “clara desigualdad” respecto a “las restantes” firmas interesadas en participar en la subasta.
El representante del Ministerio Público aseguró en su dictamen que, además de Cosmo, plantearon su interés en participar del remate el Grupo Molinari, la embajada de Venezuela y Mont Fortelco. Sin embargo, según supo LA REPÚBLICA, por distintos motivos ninguna de las mencionadas gestionó la obtención del aval ante el BROU. Por consiguiente, a juicio de la defensa, “no hubo ni preferencia para un oferente ni perjuicios para otros, sencillamente porque no hubo otros”. “Lo que el fiscal Gómez imputa es que Lorenzo y Calloia propiciaron una preferencia inaceptable e ilegítima en relación a uno de los interesados, lo que es falso porque a nivel del BROU se presentó un único interesado a participar”, se agrega.
Por consiguiente, desde este punto de vista, el dictamen fiscal carecería de fundamento.
Fuentes gubernamentales también mostraron su sorpresa por el dictamen fiscal. Aseguraron que al BROU “solo apareció el pedido de la española Cosmo” y que, por tanto, no podría sostenerse que “el resto de los oferentes resultó perjudicado porque Cosmo fue el único que se presentó”.
El sábado, la Justicia procesó con prisión a los responsables de Leadgate Matías Campiani y sus socios Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch, por un delito continuado de estafa especialmente agravado. A su vez, el escribano Pablo Seitún fue procesado sin prisión por el delito de falsificación de documento público. En el caso del ahora ex ministro Fernando Lorenzo y del presidente del Banco República (BROU) Fernando Calloia, el pedido fiscal quedó en suspenso en virtud de que la defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 162 del Código Penal (abuso innominado de funciones).
En el caso de Campiani, la denuncia había sido presentada por los senadores del Partido Nacional. En el caso del aval del BROU, la causa había sido iniciada de oficio por el fiscal Juan Gómez. Tanto Lorenzo como Calloia presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones (162 del Código Penal), así como respondieron a las acusaciones concretas que hiciera el fiscal Gómez. El recurso será elevado a la Suprema Corte de Justicia tras la feria judicial Mayor. El rechazo al mantenimiento de este artículo en el Código Penal es unánime. (Ver página 4).
Venezuela, Molinari
Desde la embajada de Venezuela en Montevideo se afirma que dicha sede diplomática no gestionó ningún pedido al BROU, ni hubo un interés en adquirir los mismos.
Fuentes diplomáticas consultadas por LA REPÚBLICA confirmaron que en dicha embajada “nunca” estuvo planteado presentarse al proceso de la subasta por los aviones de Pluna. “Sí existió preocupación por un tema relacionado más que nada con la integración, pero no fue más allá de eso”, agregó la fuente. El informante reconoció que por este asunto hubo conversaciones “al más alto nivel”, pero insistió con que “nunca” se decidió presentarse a un proceso competitivo en nuestro país como el que estaba planteado.
“Las formalidades en estos casos son clave y nunca hubo nada, ninguna presentación formal”, aclaró la fuente que declinó hacer más comentarios. Fuentes del gobierno uruguayo consultadas por LA REPÚBLICA indicaron que en el caso de la embajada de Venezuela, “formalmente no puede solicitar un aval”. Las mismas fuentes aseguraron que esta sede diplomática en ningún momento mostró interés en participar del remate ni en pedir un aval al BROU para pujar por la compra de los aviones en dicha subasta pública.
En tanto, desde el grupo empresarial del argentino, Carlos Molinari se aseguró ayer que no se gestionó ningún aval a través del Banco República, sino que el trámite se efectuó con la aseguradora Sancor. Finalmente no se presentó a la subasta porque el empresario consideró que el proceso de la subasta no le parecía serio.
Se aseguró ayer que el empresario argentino en ningún momento hizo un planteo al BROU para conseguir un aval. Fuentes de dicho grupo empresarial confirmaron a LA REPÚBLICA que si bien tuvieron interés en presentarse en el remate de los aviones, el aval que pretendieron utilizar en la oportunidad no fue a través del Banco República sino de Sancor Seguros.
Precisaron que no llegaron a tiempo a presentarse a la subasta. La exigencia del gobierno uruguayo para que este empresario estuviera presente en el remate era que el aval podía ser de una aseguradora extranjera pero que tuviera sede en Uruguay. Por esa razón fue que recurrieron a Sancor SA, que iría contra el patrimonio de Molinari en Argentina, señalaron fuentes cercanas al empresario inmobiliario.
Admitieron que ese aval en primera instancia fue aprobado por Economía y Transporte, pero el fideicomiso de los aviones lo había negado pocos días antes del remate, y que finalmente, el mismo día del remate llegó la habilitación para participar de la subasta. Sin embargo, Molinari “desistió esta vez de participar porque dicho proceso parecía poco serio”, indicaron fuentes de dicho grupo empresarial.
Las fuentes consultadas por LA REPÚBLICA aseguraron que la empresa vasca Mont Fortelco tampoco hizo pedido alguno de aval ante el BROU.
¿Al grito de la tribuna?
Desde el FA se entiende que detrás el pedido de procesamiento del fiscal “hay una operación política contra las figuras del gobierno”. Fuentes del gobierno indicaron que no hubo ningún otro interesado en obtener el aval del BROU más allá de la empresa Cosmo y que, si bien en el proceso del remate hubo interesados en obtener los aviones, en los hechos no se presentó ningún otro oferente. Se criticó que “el fiscal pida el procesamiento de las autoridades gubernamentales por versiones que salen en la prensa y que luego no corroboraron los hechos”.
Calloia no renuncia
El presidente del Banco República, Fernando Calloia, no renunciará a su cargo, según confirmaron a LA REPÚBLICA fuentes cercanas al titular del BROU. Agregaron que Calloia no fue procesado y que no tienen ninguna necesidad de alejarse de la institución, ya que no tiene ninguna inmunidad ante la Justicia por ser el presidente de un banco público.
En el caso del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo, por la condición de secretario de Estado, la Justicia no lo puede procesar si el Parlamento Nacional no le quita los fueros. Lorenzo renunció, según indicaron fuentes de Presidencia, para poder ser juzgado.
Desde el Ejecutivo se destaca la acción adoptada por Lorenzo de renunciar a los fueros para quedar ante la Justicia como un ciudadano común, sin ningún tipo de inmunidad.
Es una vergüenza todo esto, inventan situaciones para ensuciar.
ResponderEliminar¿Y que confianza podemos tener en un fiscal con un pasado dudoso?
Yo antes que nada quisiera saber ¿que pasó con Villanueva Saravia?
Pero la verdad, no charla Barata.
Porque lo de suicidio no se lo cree nadie, vamos a poner voluntad política para destapar esta olla primero y después si queda alguien que acusen a quien quieran.