Es ahora la propia Sociedad Uruguaya de Psiquiatras de la Infancia y la Adolescencia, la prestigiosa Supia, quien advierte sobre las graves consecuencias psicosociales que produciría bajar la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años, defendida con tanto ardor por voceros de la derecha filosa, que asocia falsamente inseguridad pública con minoridad infractora. Luis Casal Beck / La República
Los miembros de esta sociedad científica, que reúne a los médicos psiquiatras especializados en niños y adolescentes de todo el país, se sumaron a un vasto movimiento que reúne a sectores políticos y sociales, corrientes religiosas, magistrados que actúan en el área de la Justicia Penal y de familia, a universitarios directamente relacionados con los problemas de la sociedad, y la seguridad ciudadana.
“Los problemas de los jóvenes de 13 a 18 años se solucionan con estudio, trabajo y un poco de afecto, que es lo que les falta”, acaba de señalar Jorge Ruibal Pino, ministro de la Suprema Corte de Justicia desde 2007, quien se opone a esta solución. Ruibal hizo buena parte de su dilatada carrera como juez, en la esfera penal.
Su colega, Ricardo Pérez Manrique, sentenció en una reciente conferencia organizada por el Rotary Club Montevideo: “Bajar la edad de imputabilidad no ha dado resultado en ningún país del mundo”. Tanto es así, que en el estado de Nueva York, donde se juzga como adultos a jóvenes de 16 y 17 años, su gobernador Andrew Cuomo reconoció hace pocos días: “Nuestras leyes de Justicia Penal son obsoletas (…). No es justo, no es justo, hay que aumentar la edad”. Esta tendencia parece estar predominando en todas partes.
En Uruguay, la Comisión por la Baja, que organizó el domingo 25 un acto en el Velódromo Municipal de Montevideo, está logrando sus objetivos. Hace seis meses, el respaldo público a esta reforma (68%) parecía indescontable; ahora no (57%). La batalla de la opinión publica se está ganando simplemente con información abundante, en especial de los expertos y diciendo solo la verdad. Día a día, los uruguayos toman conciencia de los peligros que entraña bajar la edad de imputabilidad penal.
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